Dictó irregulares fallos, es
denunciada ante OCMA y solicitan su destitución
La jueza Victoria Ramírez Pezo, titular del Juzgado Civil de San Pedro
de Lloc, fue denunciada ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA)
por socios del SESDIS, debido a su irregular actuación en este sonado caso, al
haber emitido sendas resoluciones que ponen en peligro la estabilidad jurídica
y el patrimonio de esa institución que agrupa a cerca de 15 mil cesantes.
Si bien su juzgado ve el caso desde el 2012, es en enero de este año
cuando la actitud de la jueza cambia radicalmente, es precisamente el 21 de
enero en Audiencia Única, por el expediente 222-2012 sobre Ministración de
Posesión de Cargo, en la etapa de saneamiento procesal, declaró fundada una
excepción de incompetencia, la misma que fue impugnada, mediante recurso de
apelación en el mismo acto de audiencia, adjuntándose al día siguiente la tasa
respectiva. La jueza emitió entonces la resolución N°26 del 24 de enero,
concediendo la apelación con efecto suspensivo, consecuentemente el siguiente
acto era enviar los cuadernos principales y anexos a la instancia superior, sin
embargo, la jueza Ramírez Pezo jamás elevó ni remitió lo actuado.
Ya lanzada en su irregular actuación, la jueza emite dos
resoluciones más la N°30 (del 17 de enero) y la N°31 (del 21 de enero), ambas
son apeladas de inmediato, pero lo grave es que la mencionada Resolución N° 31
es expedida de oficio, sin que nadie se lo pida, cuando el art. N°608 del
Código Procesal Civil establece que en el procedimiento cautelar todo es a
pedido de parte, es decir la jueza en la práctica actuó como la abogada de la
parte contraria. Y eso no es todo, la famosa resolución N° 31 modifica su
propio fallo de la resolución N° 30, cuando no existía ningún punto pendiente
de aclaración ni de pronunciamiento.
En el colmo de la parcialidad, la jueza Ramírez Pezo, a pesar de haber
aceptado la apelación, con efecto suspensivo, mediante la Resolución N° 32 (del
28 de enero), durante tres días se negó a remitir todo a la Sala, conforme
ordena la norma, aduciendo que los demandados todavía podían presentar un
escrito que ella debía proveer, cuando desde el momento que había concedido la
apelación, el caso quedaba fuera de su jurisdicción. Pero si todo esto
fuera poco, la jueza ha manifestado su predisposición de emitir una resolución
más, cambiando una vez más su propio fallo en el sentido de conceder la
apelación sin efecto suspensivo.
Para coronar su actuación irregular y demostrando su imparcialidad, la
jueza ha remitido un exhorto al Juzgado de Paz letrado de Lince para que
ejecute sus cuestionadas resoluciones N°30 y 31, otorgando la ministración a la
parte contraria y ordenando incluso el descerraje de los locales de SESDIS, a
pesar que por otro lado había concedido la apelación de sus propias
resoluciones con efecto suspensivo, un sinsentido total. Es decir son fallos
contradictorios, la jueza sigue emitiendo resoluciones pidiendo la ejecución de
sus resoluciones sin dar trámite a la apelación remitiendo todo a Sala. Todo
esto ha motivado que sea denunciada por inconducta funcional ante OCMA y sea
solicitada su inmediata destitución, por mellar de manera escandalosa la imagen
del Poder Judicial.
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