Administración del CLAN
pulveriza accionariado de trabajadores y del Estado
Nadie controla a nuevos
“barones” del azúcar
Un detallado informe de la Asociación
ProJusticia emitido hoy demuestra que los problemas recurrentes de Agro Pucalá
se deben a una inacción total a lo largo de los años de las autoridades
pertinentes que no controlan ni fiscalizan a las sucesivas administraciones
judiciales del Consorcio Líder Azucarero
del Norte (CLAN) permitiendo la “canibalización” de la empresa. Este esquema lo repetiría el Grupo Oviedo en Tumán y Pomalca,
donde se desarrolla otra investigación en curso.
En efecto, según el informe, estos
nuevos “barones” no parecen estar interesados en acrecentar la productividad de
sus haciendas, sino más bien en explotarlas y depredarlas, manteniéndolas en
una crisis permanente de la que no tienen cuando salir, todo ello bajo la
indiferencia y desinterés del Estado y sus autoridades, incluyendo el apoyo y
protección de parte del poder político y judicial, y de figuras como los
congresistas Yehude SImon, Velásquez Quesquén, entre otros.
Pro Justicia señala que los actuales
dueños del CLAN –esto es, Carlos Roncal y Ernesto Flores, han seguido un
esquema empresarial para depredar a Pucalá similar al “patentado” por el Grupo
Oviedo; esto es, han creado una empresa comercializadora de azúcar –PETROCAÑA-
la cual compra a precio de planta todo el azúcar de Agro Pucalá para luego
revenderla al precio de mercado. Este mecanismo es tan escandaloso que incluye
cláusulas como que si Agro Pucalá se demora un día en proveer el azúcar
contratada, es castigada con una penalidad de 40 soles por bolsa por día de
retraso. Es decir, el comprador y el vendedor son los mismos, pero si el
vendedor quiere se demora y él mismo se castiga, lo que permite que el producto
salga prácticamente gratis y la empresa proveedora se quede con una deuda cada
vez mayor.
Dr. Fernando OPhelan
Asimismo, el informe señala las graves
interferencias en los procesos judiciales como la que hizo el propio presidente
de la Corte Superior de Lambayeque, Miguel Guerrero Hurtado, que intervino de
manera irregular en el intento de toma de posesión de Agro Pucalá realizado en
agosto del 2013, presionando por el hilo telefónico a la jueza a cargo de la
diligencia a pesar de la evidente falta de garantías. Guerrero también ha
estado involucrado en el continuo cambio de magistrados poco experimentados encargados
del caso.
Por otro lado, el informe asegura que habría
indicios de que CLAN contaría también
con el apoyo de bandas organizadas y grupos de sicarios para mantener su
control de la empresa. En total, existen más de 21 muertes vinculadas al
conflicto de Pucalá que no han sido debidamente esclarecidas, sin que las
autoridades policiales o judiciales muestren mayor interés al respecto. Incluso
actualmente los trabajadores y algunas personas que son contratadas, piden
colaboración a los vecinos de Pucalá para movilizarse y comprar cohetones para
que los hagan explotar a los alrededores de la empresa y así hagan notar su
presencia, creando un ambiente de “terror”.
Projusticia calificó de grave el hecho
que todo el acervo documentario de la empresa sea destruido cada cierto tiempo,
presuntamente para no dejar huellas, por lo que aseguró solo quedan dos caminos
para Pucalá salga de la crisis: uno es proceder a la convocatoria de Junta de
Accionistas para cambiar a los actuales administradores, y otro es convocar a
Junta de Acreedores a través de INDECOPI para terminar de liquidar la empresa,
opción que parece ser preferida por los directores del CLAN. Para ello
Projusticia exigió que la justicia regional asuma el caso con mayor
imparcialidad y valentía, debido a las fuertes presiones que existen para dejar
las cosas como están. De lo contrario, lo más seguro es que Pucalá siga siendo
un polvorín que puede estallar en cualquier momento, finaliza este adelanto del
informe final sobre las tres azucareras, el mismo que será presentado la
próxima semana en conferencia de prensa en Chiclayo y que busca sensibilizar a
la sociedad civil y llamar la atención sobre esta nueva forma de “esclavitud”
económica a la que están sometidos los trabajadores de las azucareras.
ACERCA
DE PROJUSTICIA
Es una asociación civil peruana
multidisciplinaria que trabaja en varias
líneas de acción:
·
Problemática judicial, a nivel
nacional e internacional, enfocándonos en casos de corrupción,
·
Fortalecimiento de la justicia
de paz y la justicia intercultural.
·
Tratamiento judicial de la minería
ilegal y de la protección del medio ambiente
·
Seguimiento de conflictos
sociales, y el entorno legal de la seguridad ciudadana
Ha presentado informes sobre la trata de
personas en Madre de Dios, los efectos
de la minería informal en Huánuco, los narcopolicías en Huaraz, y las
cuestionadas obras de saneamiento en Iquitos.
INFORME COMPLETO
LOS NUEVOS
BARONES DEL AZUCAR - I PARTE
Una mirada a
la crisis de las azucareras de Lambayeque
Informe Projusticia
Un dicho popular
señala que quien no conoce la historia tiende a repetirla; y en el caso de la
industria azucarera del norte de nuestro país, ello se ha convertido en una
terrible realidad.
Como recuerda
Peter Kláren[i],
la Guerra con Chile generó un colapso económico en las haciendas azucareras de
La Libertad y Lambayeque, la que solo pudo ser superada mediante la incorporación
de capitales extranjeros, los cuales fueron fusionando las haciendas hasta
entonces en manos de terratenientes peruanos en fundos de gran extensión. Gracias
a ello, hacia fines del siglo XIX se consolidó el poder de los llamados
“barones del azúcar”, de los cuales los más representativos fueron la familia
Grace, Larco y Gildemeister, dueñas de las empresas azucareras Cartavio, Roma y
Casagrande respectivamente.
Más de un siglo
después, y a pesar que la reforma agraria buscó cambiar este esquema de poder,
las ex haciendas azucareras del norte se encuentran nuevamente en manos de “barones
del azúcar”, a pesar de que los mismos muestran hoy nuevos apellidos y rostros,
nuevas y desconocidas fuentes de capital y una lógica empresarial distinta a la
oligárquica. De esta manera, mientras los Gildemeister y Larco han desaparecido
o migrado hacia otros sectores económicos, los Huancaruna, Oviedo, Roncal o
Flores son quienes se encuentran al mando de estas empresas, todos ellos
provenientes además de familias o grupos emergentes que han ido logrando un
éxito sospechosamente rápido.
Si bien estos
nuevos barones comparten con sus predecesores el apoyo y protección de parte
del poder político y judicial, a
diferencia de aquellos no parecen estar interesados en expandir sus tierras y
acrecentar la productividad de sus haciendas, sino más bien en explotarlas y
depredarlas, utilizando mecanismos que les permiten obtener pingues ganancias
mientras las empresas (y con ellas sus trabajadores) son las que cargan con las
deudas, manteniéndolas en una crisis permanente de la que no tienen cuando
salir. De esta manera, estas localidades siguen mostrando un panorama de
pobreza y violencia, a pesar de la riqueza que sale a diario de sus campos de
cultivo y sus ingenios, todo ello bajo la indiferencia y desinterés del Estado
y sus autoridades.
El presente
informe da cuenta de 3 casos emblemáticos de esta situación, como son los de
Pucalá, Tumán y Pomalca, todas ellas empresas azucareras ubicadas en la región
Lambayeque. La primera ha sido noticia pública recientemente a raíz del intento
de cambio de la actual administración judicial, cambio que produjo más bien la
salida del juez a cargo del caso y la extraña rotación de hasta 5 jueces que
poco o nada aportaron a la solución del proceso. Por su parte, las dos últimas
se encuentran en manos del Grupo Oviedo, grupo que ha sabido mantenerse al
frente de ambas empresas gracias a un evidente apoyo político a pesar de ser
accionista minoritario en ambos casos. Estos ejemplos muestran además el
deleznable papel que viene jugando el Poder Judicial en esta situación,
mostrando una falta de independencia y debilidad frente al poder que contradice
todos los discursos de reforma e independencia que hoy buscan sostener las
altas autoridades del sistema de justicia peruano.
1. Pucalá: Los barones del CLAN
A decir de
muchos, los inacabables
conflictos por la administración de Pucalá tienen su origen en el Decreto
Legislativo Nº 802, dictado el 12 de marzo de 1996 por el gobierno fujimorista,
cuyo propósito fue permitir la reactivación y saneamiento de las cooperativas
azucareras, entonces sumidas en una profunda crisis económica. Merced a dicho
decreto, todas las cooperativas azucareras creadas en el marco de la Reforma
Agraria pasaron a convertirse en sociedades anónimas, y sus deudas con el
Estado y otras entidades privadas fueron capitalizadas y transformadas en
acciones.
En este marco, el
10 de abril de 1997 la entonces Cooperativa Agraria Azucarera Pucalá Ltda. No.
36 pasó a convertirse en Empresa Agroindustrial Pucalá S.A., convirtiendo a sus
trabajadores y jubilados en flamantes accionistas. Este cambio de nombre no
sirvió, sin embargo, para mejorar el desgobierno en que se encontraba esta
empresa azucarera. Recién en septiembre de 1999, luego de un irregular proceso
de compraventa del 51.43% de acciones de Pucalá a través de la Bolsa de Valores,
la empresa será tomada por un nuevo Directorio, encabezado por JAIME MUR
CAMPOVERDE, y que tendrá como directores a JUAN ANTONIO AGUIRRE ROCA, GONZALO DE LA
PUENTE WIESE, MIGUEL IZAGA TORI, CARLOS BOLOÑA BEHR, OTTO ZOEGER NAVARRO,
MARIANELLA MONSALVE AITA DE VELARDE, MIGEUL VALLEJOS VERASTEGUI y MANUEL IZAGA
DIBOS.
Asumido el control de la empresa, Mur dividió
Agroindustrial Pucalá en dos empresas: Empresa Agro Pucalá S.A.A., a la que se
le asignaron los campos de cultivo, e Industrial Pucalá S.A.C., encargada de la
administración del ingenio azucarero. Cabe señalar que para lograr su objetivo, Mur
había anunciado que llevaría a cabo una inversión de 38 millones de dólares, de
los cuales 25 serían para rehabilitar los campos y 8 millones para reparar el
ingenio, además de comprar nueva maquinaria pesada; sin embargo, esta promesa
nunca fue cumplida, a pesar de obtener un préstamo de
cerca de 13 millones de soles del entonces Banco Wiese Sudameris (hoy
SCOTIABANK) gracias al respaldo de gerentes como Eliane Karp, dinero que al
parecer nunca ingresó en los registros contables de la empresa..
Abrumado por la carga de deudas y remuneraciones impagas, y ante las
presiones del Banco Wiese, Mur abandonó la dirección de la empresa en el 2004, dejando
a Pucalá nuevamente en el desgobierno. Para entonces, la mayoría de acciones
habían sido traspasadas a CRONWELL ASSETS S.A., empresa off shore con sede en
las Islas Vírgenes y de la que poco se sabe hasta el momento. Algunos señalan
que esta es una empresa de fachada del Banco SCOTIABANK para hacerse de las
acciones de Pucalá; otros señalan que fue creada por el propio Jaime Mur para
mantenerse en el poder, en tanto una tercera versión la vincula a sectores del
fujimorismo y en especial al ex ministro de Agricultura de dicho régimen,
ABSALON VASQUEZ VILLANUEVA. Cabe recordar que cuando CRONWELL ASSETS intenta
vender sus acciones, dicha venta es objetada debido a
que se descubre que los “miembros” de su Directorio estaba conformado por personas
humildes sin propiedades, lo que hace presumir que todo puede ser parte de una
gran operación de lavado de activos.
En todo caso, lo cierto es que CRONWELL ASSETS presentó a fines del 2004
una solicitud ante el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo para que se convoque a Junta
General de Accionistas, planteando como medida cautelar temporal que se nombre
una administración judicial hasta que se realice dicha Junta. Sin embargo, dicha
medida “temporal” se convirtió en una situación permanente, dado que desde
entonces a la fecha han pasado ONCE administraciones judiciales sin que se
produzca una solución favorable para la empresa, dado que cada una de ellas
solo ha buscado depredar los recursos de la misma.
El
ingreso del CLAN
El primer administrador judicial de Pucalá, JULIO CESAR ALONSO CASSINI,
no tuvo mayor suerte al frente de la empresa, generando nuevas pérdidas
millonarias que le valieron incluso la cárcel; posteriormente, en el 2005, una
Comisión de trabajadores presidida por SALVADOR ESQUEN SALAZAR asumió la
administración con iguales resultados. Cabe indicar que para entonces, merced a
una decisión apresurada del primer juez a cargo del caso, junto con CRONWELL
ASSETS fueron reconocidos otros 11 “litisconsortes”[ii] con
derecho a intervenir en el juicio, todos ellos trabajadores o ex trabajadores
de Pucalá, cuyo papel va a ser importante para definir a las siguientes
administraciones judiciales, así como para explicar el ingreso del Consorcio
Líder Azucarero del Norte (CLAN).
Para entonces, el CLAN era una naciente empresa integrada por tres
socios principales: OLIVIO HUANCARUNA, CARLOS RONCAL MIÑANO y ERNESTO FLORES
VILCHEZ. De ellos, Huancaruna era el más conocido a nivel empresarial, dado que
había logrado posicionar a su empresa cafetalera “Altomayo” dentro del mercado
nacional e internacional; sin embargo, no tenía mucha experiencia en el negocio
azucarero. Por su parte, Roncal Miñano era conocido en Pucalá desde años atrás
primero por dedicarse a la venta de libros a los trabajadores, y luego por
iniciarse en la comercialización del azúcar, luego de descubrir que podía
adquirir bolsas de azúcar a bajo precio a través de los trabajadores jubilados
de la empresa, quienes recibían dicho producto de manera gratuita cada mes y se
la vendían por debajo de su costo.
La historia de
Flores Vílchez y su llegada a Pucalá se remonta, a su vez, a la década de los
noventa, cuando éste se dedicaba al comercio de abarrotes en Tumán, Pátapo y
Pucalá. De acuerdo a los propios trabajadores entrevistados, Flores vendía
pollo en Tumán y se le conocía como una persona que no tenía mayores ingresos
económicos y era muy limitado económicamente; sin embargo, tenía una ventaja
para muchos desconocida. Su hermano, CLEMENTE FLORES, era para entonces
propietario de algunos molinos y comerciante, lo que para algunos era producto
de sus relaciones con el narcotráfico. Como veremos luego, este hermano ha sido
uno de los beneficiados con la venta de azúcar por debajo del costo real, lo
que permite apreciar una concertación de intereses que debe ser debidamente
investigada.
La estrategia seguida por el CLAN para ingresar a Pucalá fue clave para
su éxito, dado que inicialmente empezaron a cubrir las deudas de la empresa y a
reunirse con los trabajadores, accionistas minoritarios y jubilados llegando a
un acuerdo de trabajar juntos para reactivar la azucarera. El CLAN prometió así
mantener al día el pago de deudas y salarios y ampliar el hectareaje de los
cultivos de caña. Gracias a ello, Huancaruna y sus socios pudieron asumir la
gestión de la empresa a partir del 2006, a partir de administradores judiciales
colocados en conjunto y al nombramiento de gerentes afines a ellos.
Si bien al
inicio las cosas marcharon de manera positiva, pronto se hizo evidente cuáles
eran los verdaderos intereses del CLAN, especialmente de Roncal y Flores. Por
un lado, el CLAN fue adquiriendo acciones a los mismos trabajadores, pagando un
precio muy por debajo de su valor nominal, especialmente entre los jubilados.
Por otro lado, en el año 2008 se firmó un contrato de asociación en
participación entre el CLAN y las empresas Agro Pucalá S.A.A. e Industrial
Pucalá S.A.C., mediante el cual estas últimas prácticamente hipotecaban sus
activos ante el CLAN, otorgándole la posesión de sus principales fundos y
predios y el manejo casi absoluto de su ingenio azucarero.
En tercer lugar,
los actuales dueños del CLAN –esto es, Roncal y Flores, dado que Huancaruna fue
apartado del mismo en el 2010- han seguido un esquema empresarial para depredar
a Pucalá similar al “patentado” por el Grupo Oviedo; esto es, han creado una
empresa comercializadora de azúcar –PETROCAÑA- la cual compra a precio de
planta todo el azúcar de Agro Pucalá para luego revenderla al precio de
mercado. Este mecanismo es tan escandaloso que incluye cláusulas como que si
Agro Pucalá se demora un día en proveer el azúcar contratada, es castigada con
una penalidad de 40 soles por bolsa por día de retraso. Es decir, el comprador
y el vendedor son los mismos, pero si el vendedor quiere se demora y él mismo
se castiga, lo que permite que el producto salga prácticamente gratis y la empresa
proveedora se quede con una deuda cada vez mayor.
La situación actual
En la
actualidad, a pesar del continuo cambio de las administraciones judiciales, en
la práctica el CLAN sigue dominando la gestión de Pucalá, gracias al contrato
de asociación en participación vigente, a la presencia de gerentes y
administradores afines a sus intereses y –porque no decirlo- al favor de
políticos y jueces que les permiten actuar con total impunidad. Uno de los más
conspicuos políticos que defiende públicamente al CLAN es el ex Presidente de
la Región Lambayeque y actual congresista, YEHUDE SIMON MUNARO, quien incluso
dirigió una presunta intervención a
Pucalá para “pacificar” el lugar, pero que en la práctica solo sirvió para
consolidar el poder de Roncal y Flores, todo gracias al financiamiento que
habría recibido de dicha empresa para sus campañas políticas.
Por el lado
judicial, el apoyo parece provenir también de las más altas instancias, tal
como quedó demostrado cuando el propio presidente de la Corte Superior de
Lambayeque, MIGUEL GUERRERO HURTADO, intervino de manera irregular en el
intento de toma de posesión de Agro Pucalá realizado en agosto del 2013,
presionando por el hilo telefónico a la jueza a cargo de la diligencia a pesar
de la evidente falta de garantías. Guerrero también ha estado involucrado en el
continuo cambio de magistrados poco experimentados (más de 4) durante la etapa
de suspensión del juez titular del Tercer Juzgado Civil, OSCAR TENORIO, así
como en el sospechoso retiro de la seguridad a este magistrado al día siguiente
de su suspensión por la OCMA, facilitando que se produjera un atentado contra
su vida.
Por otro lado,
existen indicios de que CLAN contaría también con el apoyo de bandas
organizadas y grupos de sicarios para mantener su control de la empresa. En el
2005, por ejemplo, el gerente financiero de Agro Pucalà, JOSE YANCUL ZAPATA,
fue acribillado de manera sospechosa, mientras que en octubre del 2008 el
abogado y ex gerente de la misma, FERNANDO ARBULU ROCA, fue igualmente
asesinado en extrañas circunstancias. Posteriormente, en abril del 2010, el
abogado de la junta administrativa de Agro Pucalá, ALEX MONTOYA DELGADO,
recibió dos disparos en el pecho y fue acuchillado por un grupo de 130
personas, cuando quiso impedir que éstos capturaran un camión con azúcar,
mientras que el septiembre del 2012 la secretaria del Tercer Juzgado Civil de
Chiclayo, DORIS RUIZ SALAZAR, fue asesinada saliendo de su vivienda. En total,
existen más de 21 muertes vinculadas al conflicto de Pucalá que no han sido
debidamente esclarecidas, sin que las autoridades policiales o judiciales
muestren mayor interés al respecto..
En general, los
trabajadores afirman que cuando hay cambios en la administración judicial –lo
que ocurre casi cada año- se convoca a una reunión en el centro de un parque
que hay dentro de la empresa y empiezan a pasar documentos para que firmen el
apoyo a los nuevos administradores. Aquellas personas que estén en contra no
reciben pagos y son sacados de la empresa, lo que vuelve a generar un mayor
conflicto. Además, cada 4 o 5 meses hay personas que ingresan a la empresa y
destruyen todo para borrar la evidencia de los malos manejos que se realizan de
la empresa. Lo peor de todo es que muchas veces quienes ingresan a la empresa y
reclaman no son personas de Pucalá, sino que son sujetos de mal vivir que
realizan disparos al aire de manera diaria para hacer notar su presencia dentro
de la empresa y el distrito.
En este marco,
parece que solo quedan dos caminos para ir saliendo de la crisis en la que se
encuentra Pucalá: uno es proceder a la convocatoria de Junta de Accionistas
para cambiar a los actuales administradores que vienen depredando al empresa, y
otro es convocar a Junta de Acreedores a través de INDECOPI para terminar de
liquidar la empresa, opción que parece ser preferida por los directores del
CLAN. Sin embargo, esta alternativa se encuentra bastante cuestionada por los
trabajadores, quienes prefieren que se lleve a cabo una Junta General de Accionistas
de una vez por todas. Para ello, es necesario que la justicia regional asuma el
caso con mayor imparcialidad y valentía, debido a las fuertes presiones que
existen para dejar las cosas como están. De otro modo, lo más seguro es que
Pucalá siga siendo un polvorín que puede estallar en cualquier momento.
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