CASO “MI FACU”: DENUNCIAN PENALMENTE A DIEZ FUNCIONARIOS DE MPT POR ABUSO DE AUTORIDAD Y USURPACIÓN AGRAVADA

·        Era ilegal tapiar el local y colocar muros, la norma no lo autoriza; además el caso ya estaba judicializado.También denuncian a comisario PNP de Ayacucho por brindar apoyo a acto ilegal

La defensa legal del establecimiento MI FACULTAD SAC ha interpuesto 02 denuncias penales contra diez funcionarios principales de la MPT y el comisario de Ayacucho, por abuso de autoridad y usurpación agravada de la posesión, presuntamente cometidos en el cierre del referido local.

Como se sabe este local estaba ya en la etapa de ejecución coactiva de clausura definitiva en el marco de 02 procedimientos administrativos iniciados por la MPT y luego que ésta decidiera su clausura -según explica un representante del Bufete Ascoy-Siccha Abogados que se encarga de patrocinar a MI FACULTAD SAC–, por no contar supuestamente con el certificado de defensa civil al día en el PAS N° 27585-2014-MPT y con cancelarle la licencia de funcionamiento en el PAS N° 8544-2013-MPT, títulos habilitantes que la misma MPT le otorgó en un inicio.

Sin embargo, el PAS N° 27585-2014-MPT y el PAS N° 8544-2013-MPT estaban judicializados. En efecto, conforme aparece en el portal web del poder judicial este caso se encuentra judicializado en el EXP. JUDICIAL N° 107-2015, por lo que a partir de ahí se aplica lo establecido en el art. 16.e de la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, que ordena que cuando el caso se judicializa mediante la presentación de una demanda contencioso administrativa, el proceso coactivo se suspende BAJO RESPONSABILIDAD hasta el término del proceso judicial, a fin de evitar que la autoridad administrativa interfiera con el poder absoluto que tiene el Poder Judicial para solucionar las controversias.

Por lo tanto, la Resolución N° 001-2015-MPT/GSCYDC/SGDC contenida dentro del PAS N° 27585-2014-MPT, que ordenaba la clausura definitiva de MI FACULTAD SAC, era INEJECUTABLE, ya que la referida resolución administrativa que ejecutaba la ejecutora coactiva de la MPT fue objeto de una ampliación de demanda tal como aparece en el proceso contencioso administrativo en el EXP. JUDICIAL N° 107-2015.

Es así que se configura el delito de abuso de autoridad, el cual se consumó, según el Bufete Ascoy-Siccha, cuando el último 12 de julio del 2018, la Ejecutora Coactiva Teresa Cristina CHICO ESTRADA se presentó en el local ubicado en la Av. Larco y decidió, junto a otros funcionarios de la MPT y policías de la Comisaria PNP de Ayacucho, tapiar de canto a canto toda la frontera del inmueble, dejando solo un espacio reducido de 40 centímetros para el ingreso de las personas que habitaban el inmueble, además decidieron en la entrada poner bloques de concreto, estas acciones tomadas no están autorizadas por ninguna norma, por lo que se convierten en actos ilegales, asegura.

Es por eso que han sido denunciados todos quienes firmaron el Acta ese día, Teresa Cristina Chico Estrada, Sub Gerente De Ejecución Coactiva; Esmeralda Milagros Alva Bocanegra, auxiliar coactivo; Manuel Darío Marcelo Velasco, técnico;  Wilson Eduardo Rodriguez Abanto, técnico;  Nestor David Figueroa Armas, Gerente de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil; Fernando Armas Mejia, Sub Gerente, Manuel Ernesto García Blas, Sub Gerente de Licencias y Comercialización, Carlos Cipriano Gonzales, Gerente General de TMT (renunciante al cargo); Liz Lesley Arroyo Rubio, entonces Gerente de Obras Públicas; Omar Vallejo Rodríguez, coordinador de SC. Además está denunciado Augusto Fernando León Castillo, Comisario de la Comisaria de Ayacucho, que dio el apoyo policial.

Sumado a ello, no sería el único delito que se cometió, sino que al perturbar el libre ejercicio de la posesión de un inmueble, cometieron también el delito de Usurpación Agravada, explica el Bufete de Abogados Ascoy-Siccha. Todos estos hechos han sido denunciados ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, en el carpeta fiscal N° 6209-2018, que ha incorporado a todos como investigados, encontrándose  en investigación y en la carpeta fiscal N° 5683-2018, en la que también figuran como investigadas los personajes referidos.

Finalmente, el representante legal de la empresa MI FACULTAD SAC indica que no descarta ampliar la denuncia penal hacia otros funcionarios que puedan ser identificados dentro de las investigaciones penales ya abiertas, o que insistan en el abuso de autoridad y la usurpación agravada en estos actos ilícitos.