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Ex alcalde Daniel Marcelo, candidata Sandra Terrones, y 23
funcionarios y regidores de la municipalidad de la Esperanza fueron denunciados
en el 2016 y diversas maniobras judiciales los han salvado de ser sentenciados
hasta la fecha.
Un Juzgado de Paz de la
Esperanza viene dilatando más de 6 años una denuncia contra Martin Namay,
Daniel Marcelo, Sandra Terrones, y los regidores y funcionarios de la última
gestión de Daniel Marcelo en el municipio esperancino. En total son 23 los
denunciados por daños y perjuicios contra el Estado, debido a un aumento
irregular en sus dietas, por lo que el Procurador Público de la Contraloría
solicitó una indemnización, en el año 2016, sin embargo el caso se ha dilatado
ya 6 largos años a pesar que las pruebas son claras según la Contraloría.
La oficina de Coordinación Regional Norte de la
Contraloría General de La República concluyó en ese entonces que el alcalde del
distrito de La Esperanza, Daniel Marcelo Jacinto, y los Regidores del período
2007-2010, así como los de la gestión 2014-2018, de esta comuna trujillana,
habrían ocasionado un perjuicio económico de 165 mil 885 soles, al haberse
incrementado irregularmente sus remuneraciones y dietas al iniciar las
diferentes gestiones. Fue lo primero que aprobaron y el interés era evidente.
El demandante es Jaime
Ortiz Rivero, Procurador Público de la Contraloría General de la República, ante
el Primer Juzgado de Paz de La Esperanza, pero desde el inicio el proceso fue
demorado por malas decisiones de los jueces esperancinos que incluso hasta
“desaparecieron” el expediente unos meses, de manera inaudita. Luego se basaron
en la pandemia para retrasar la vista de la causa y solo faltó finalmente que
culparan a la guerra de Rusia y Ucrania, a
pesar que la causa ha sido calificada como “abreviada”.
Ana Karina Armas Rivera,
fue la primera jueza de la causa en el 2016, ella decidió rechazar la denuncia
y ordenar su archivamiento por supuestamente ser inadmisible porque la
Contraloría no había iniciado una conciliación previa, incluso en su resolución
la Jueza llama severamente la atención al Secretario judicial Jimmy Coronado
Valladares por no respetar los plazos legales al dar cuenta de la demanda.
La Contraloría interpone
entonces un recurso impugnatorio pero ya la jueza era Carmen Torres Hilario,
quien acepta el recurso y lo eleva a su superior jerárquico, el Juzgado Civil
Permanente de La Esperanza, luego de diversas “dificultades” en las
notificaciones a los 23 demandados. Pero el Juzgado Civil verifica a solicitud
de la Contraloría, que no le han sido enviados todos los tomos del expediente
por lo cual se lo “devuelve” al Juzgado de Paz Letrado para que se subsane ese
“error”. Ya era diciembre del 2019. Y ese “error” de no enviar los tomos es
evidente maniobra para dilatar los plazos.
Transcurrió un año más en
octubre del 2020 para darse cuenta que el expediente N° 00112-2016 solo había
sido remitido en el sistema pero no en físico, alegando la pandemia del COVID,
vacaciones de los secretarios, y el trabajo remoto.
Recién el 10 de julio del
2021 el Juzgado Civil contando con el expediente completo, lleva a cabo la
vista de la causa y emite resolución N° 14 del 15 de julio del 2021 dando la
razón a la Contraloría, pues la norma indica que cuando se trata de un pago
indebido la Contraloría no está facultada a buscar conciliación debido a la
naturaleza del delito y a que el autor es un funcionario público.
El 18
de octubre del 2021, 5 años después recién el Primer Juzgado de Paz Letrado de
la Esperanza admite a trámite la demanda interpuesta por Diógenes del Castillo
Loli, Procurador Público en Materia Hacendaria, contra Namay y compañía por
haberse subido de manera irregular las dietas en dos gestiones municipales
causando un perjuicio al Estado de más de 165 mil soles, y ordena un proceso
“abreviado”.
Pero el
concepto de abreviado, es desconocido para los funcionarios judiciales del
Módulo Judicial Básico de la Esperanza, perteneciente a la Corte Superior de la
Libertad. El 3 de marzo de este año,
mediante la Resolución N° 17 el Juez Walter Joel Saavedra González llama la
atención esta vez a las secretarias Giovanna Vásquez de la Cruz y Margarita
Noriega Córdova, porque a pesar que el expediente había sido recepcionado el 5
de noviembre del 2021 las cédulas de notificación no fueron generadas dentro
del plazo de ley a lo que la secretaria alega su elevada carga procesal. Es
decir, el proceso está actualmente a la espera de las notificaciones a los
implicados, para proceder a escuchar los descargos y tomar una decisión sobre
la denuncia de Contraloría que exige la indemnización al Estado por haberse
subido las dietas indebidamente.
Esta es
una muestra más de la desidia del Poder Judicial lo que permite la impunidad
por parte de aquellos funcionarios públicos que disponen de los fondos que les
son encargados para su manejo generando beneficios personales, como al parecer
todo indica es este caso, según la propia Contraloría General de la República.
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