Legislador de APP y Segundo VicePresidente del Congreso fue denunciado por apropiarse de un área de 20 mil metros cuadrados de la Inmobiliaria San Vicente, presentando documentos falsos
Una situación muy complicada se le viene al
congresista Richard Acuña (APP).
A través de un oficio dirigido al titular del Congreso, Luis Galarreta, el presidente
del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, solicitó el levantamiento de la
inmunidad parlamentaria del segundo vicepresidente del Parlamento.
El pedido de Rodríguez se da ante el requerimiento de la
Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema, presidida
por Francisco Távara, que aprobó el pedido de
una jueza de la corte liberteña.
En el citado documento, el titular del PJ expresa que el
legislador de APP será investigado sin restricciones por “el presunto delito
contra la administración de justicia, fraude procesal y otros en agravio del
Estado”, tras ser denunciado por la apropiación ilegal de un terreno
perteneciente a la Inmobiliaria San Vicente.
Duberlí Rodríguez indicó
que él ya cumplió con derivar el documento al Congreso, por lo que ahora
depende de ese poder del Estado disponer si acata la solicitud.
En efecto, ahora es el turno de la Comisión de
Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso, presidida por Elías Rodríguez (APRA), que
deberá convocar a sesión para revisar el pedido del PJ.
Como se sabe, la magistrada Alicia Villanueva Miranda, del Octavo Juzgado Penal
de Trujillo, optó por pedir tal medida a la Corte Suprema, en mayo pasado, a
raíz de que Acuña y su hermana Kelly fueran acusados de apropiarse ilícitamente
de un terreno de 20 mil m2, ubicado en la zona denominada “El Gallinazo”,
distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo.
Según refirió la jueza, los hermanos Acuña habrían
presentado “documentos presuntamente fraudulentos” para hacerse del citado
predio. Aunque la defensa del congresista ha intentado desvirtuar la denuncia
con la tesis de que los hechos fueron cometidos en el 2004, la documentación
mostrada por la defensa de la inmobiliaria que lo denunció prueba
irrefutablemente que el delito fue cometido en el 2012 y lo hizo por partida
doble.
HISTORIA DE UNA APROPIACIÓN ILÍCITA
La familia Acuña Núñez ha intentado apoderarse de ese terreno desde el año 2008 cuando ingresan ilegalmente al predio, el mismo que había sido invadido desde el año 2000. Los verdaderos dueños del inmueble, la Inmobiliaria San Vicente, que tiene inscrito en Registros Públicos el terreno desde 1960, interpusieron juicio desde inicios de los años 2000 contra el invasor José García Marcelo que era el ocupante precario. Este le “vende” el terreno a Rosa Núñez en el 2008, por lo que en ese año la Inmobiliaria le advierte a ésta mediante carta notarial que no adquiera ningún inmueble porque el caso está en litigio y el terreno lo tenían inscrito.
La familia Acuña Núñez ha intentado apoderarse de ese terreno desde el año 2008 cuando ingresan ilegalmente al predio, el mismo que había sido invadido desde el año 2000. Los verdaderos dueños del inmueble, la Inmobiliaria San Vicente, que tiene inscrito en Registros Públicos el terreno desde 1960, interpusieron juicio desde inicios de los años 2000 contra el invasor José García Marcelo que era el ocupante precario. Este le “vende” el terreno a Rosa Núñez en el 2008, por lo que en ese año la Inmobiliaria le advierte a ésta mediante carta notarial que no adquiera ningún inmueble porque el caso está en litigio y el terreno lo tenían inscrito.
En el 2009 la Corte Suprema en recurso de casación dio la
razón a la inmobiliaria en el proceso contra García Marcelo y notificó al
juzgado de origen para que ejecute el lanzamiento, desde entonces los Acuña
Núñez que se apersonaron al juicio arguyendo que eran los nuevos propietarios
se niegan a entregar el bien.
Ese mismo año, Rosa Acuña transfiere la propiedad a sus
jóvenes hijos Richard Frank y Kelly Rosalyn, quienes de inmediato presentan
oposición y piden la nulidad de la sentencia alegando increíblemente que eran
posesionarios desde el 2004 (era evidente que querían acogerse a la ley que
establece cinco años como mínimo para pedir la prescripción), a pesar que una
inspección judicial hecha en el 2005 estableció que el terreno era entonces un
sembrío de coliflores con una choza para los guardianes. No había huella de
ningún Acuña Núñez, que años después afirmarían que siempre “vivieron” ahí.
EL FRAUDE
En el 2012, los Acuña Núñez, ya estando elegido
congresista Richard Frank, viendo perdido el primer juicio donde ya estaba ordenado
el desalojo, sacan otra carta bajo la manga: presentan una solicitud de
prescripción registral y adjuntan tres certificados de posesión y domiciliarios
“fechados” en el 2004, firmados por los
jueces de paz Tania Rojas Vásquez y Elmer Morales Barragán; este hecho, es
decir la presentación de estos certificados falsificados, este delito, se
produjo siendo congresista en el 2012 y no fue en el 2004, como afirma un
comunicado que difundió el congresista. Lo cierto es que los documentos falsos
son del 2004 (fecha falsa) pero fueron elaborados evidentemente mucho después.
El acto de presentar documentación fraudulenta es cometido en el 2012 según lo
certifican los documentos presentados ante el juzgado.
¿Por qué son falsificados los documentos?, porque la Juez
de Paz Rojas Vásquez ha declarado ante fiscalía que la firma, letra y sello que
aparece en el documento no son suyos. Pero no solo eso, además afirmó que el 21
de noviembre del 2004 (fecha de expedición del certificado) no era juez de paz
y que tampoco conoce a Richard Acuña. "La firma que se me atribuye es una
firma grotesca", ha dicho.
Por último, en un documento que incluso ya hace
innecesario una pericia grafotécnica sobre la firma de la jueza, la propia
corte Superior de Justicia de La Libertad envió en julio del 2016 el dato
exacto que desbarata toda la mentira de los Acuña Núñez: la jueza de paz Tania
Vásquez ejerció el cargo desde agosto del 2005 hasta noviembre del 2009. Caso
cerrado: jamás habría podido firmar ningún certificado pues no era jueza en la
fecha que se expide el certificado.
Es decir el documento es falso por todo lado, y ese
documento fue presentado en el 2012, el delito está probadamente cometido. Pero
aún hay más, lo hizo por partida doble, el 4 de mayo del 2012 el
congresista hace oposición al lanzamiento programado en el primer juicio y
también adjunta su certificado falso “firmado” por Tania Rojas, o sea cometió
el delito dos veces.
Respecto al documento firmado por Morales Barragán, una inspección judicial del 2006 lo desmiente, nadie residía en ese lugar en ese momento, recientemente se supo que la ex jueza Tania Rojas sufrió un intento de presión por parte de Morales Barragán quien se acercó a su domicilio, acompañado de dos abogados que se presentaron como representantes de Rosa Núñez.
Respecto al documento firmado por Morales Barragán, una inspección judicial del 2006 lo desmiente, nadie residía en ese lugar en ese momento, recientemente se supo que la ex jueza Tania Rojas sufrió un intento de presión por parte de Morales Barragán quien se acercó a su domicilio, acompañado de dos abogados que se presentaron como representantes de Rosa Núñez.
LA PRESCRIPCIÓN
ILEGAL Y JUICIO ACTUAL
La mencionada prescripción ilegal del 2012 la logran con
la complicidad del notario Manuel Anticona, quien se hizo de la vista gorda con
el hecho que el litigio vigente bloqueaba el proceso de prescripción, y que
Kelly Acuña Núñez figuraba con su número de DNI en los certificados “truchos”,
cuando en ese momento todavía era menor de edad y era imposible que tuviera
DNI.
Ante esto, los abogados de la Inmobiliaria interpusieron
en el 2016 una denuncia penal contra los Acuña Núñez, por lo que el congresista
de Alianza para el Progreso está denunciado por los presuntos delitos de uso de
documento público falso, falsedad ideológica y fraude procesal, y este es el
caso en el que la jueza ha solicitado que se levante la inmunidad parlamentaria
del actual Segundo Vicepresidente del Congreso para investigarlo, lo que ha
sido aprobado finalmente por una comisión de la Corte Suprema.
+1
En un intento de zafarse del caso, la propiedad, sin ser
de él, pues ya estaba emitida la sentencia definitiva por la Corte Suprema, fue
vendida por Richard Acuña a su hermana en el 2012 y luego ésta la vendió a una
empresa en la que su madre, Rosa Núñez, aparece como gerente general.
+2
A pesar de las pruebas la Comisión de Ética del Congreso
blindó este año al congresista al rechazar investigarlo aduciendo que el caso
estaba judicializado.
+3
Los Acuña siguen posesionados en el lugar a pesar de la
sentencia de la Suprema y a pesar de haberse probado la manera ilegal cómo
pretendió prescribir la propiedad. Lo alquilan como canchas deportivas y
para eventos.
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